Cardioprotección, una opción para el corazón

Se radica proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá para la instalación de desfibriladores en pro de la cardioprotección de zonas públicas. Serían cerca de 450 establecimientos públicos los que contarían con estos equipos.

Si el avión en el que iba Mireya Contreras el pasado 28 de julio tuviera un desfibrilador, o si existiera uno cerca al banco al que Amaranta Ruiz de Daza fue a cobrar su pensión el pasado 4 de julio, ninguna de las dos habría muerto. Ambas sufrieron infartos en lugares públicos y ninguna pudo tener una atención lo suficientemente oportuna como para conservar su vida. Hoy, un proyecto en el Concejo busca que lo que ocurrió con ellas dos no vuelva a ocurrir.

Según la Secretaría de Salud, dentro de las muertes más comunes en Bogotá están el infarto y el paro cardiorrespiratorio. Del total de muertes por enfermedades crónicas (16.312), el infarto representa el 16.1%; y del total de muertes por todas las causas (189.903), el 1.3%. De acuerdo con las cifras de la misma entidad, el promedio de muertes anuales en los últimos cuatro años es de 2.627. Es decir, alrededor de 38 muertes por cada 100.000 habitantes.

“Cuando un paro cardíaco sucede por fuera de una instalación hospitalaria, menos de 5% de los pacientes sobreviven, principalmente porque la reanimación cardiopulmonar y/o la desfibrilación no son realizadas pronto. El cerebro empieza a morir dentro de los primeros seis minutos del paro, sin embargo, si en menos de tres minutos se descarga el paciente la tasa de supervivencia neuronal puede ser de hasta el 74%”, dice un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad CES de Medellín.

Según el proyecto de acuerdo, radicado en el Concejo por el liberal Horacio José Serpa, la necesidad de instalar desfibriladores externos automáticos se sustenta en que “el infarto es una de las principales causas de muerte en Bogotá. Que las cifras de muerte por infarto siguen en aumento. Y que existen lugares donde es común y permanente la afluencia de personas, lo que potencializa el riesgo de que se presenten infartos que deben ser tratados en forma inmediata”.

Si el proyecto es aprobado, 44 entidades públicas, 20 bibliotecas , 20 parques distritales, 25 universidades, 190 colegios, el sistema Transmilenio, 32 centros comerciales, la red de ciclovías y 10 atracciones turísticas, tendrían que contar con un desfibrilador. Es decir 450 establecimientos tendrían que contar con un aparato que oscila entre los $5 y $15 millones. Una inversión cercana a los $4.500 millones. Hoy, según cálculos de los asesores de Serpa, solo el 3% de estos lugares cuenta con desfibriladores.

Según Serpa, la operación de este aparato eléctrico, que genera impulsos de corriente de alta amplitud al corazón, para restaurar el ritmo normal en pacientes que se encuentran en fibrilación ventricular y que no presentan pulso palpable, no reviste mayor complejidad técnica. La instalación “garantiza que cualquier persona con la capacitación básica pueda atender de inmediato la emergencia, siguiendo las indicaciones que el equipo brinda y que son las adecuadas para cada caso en particular, sin necesidad que sea un médico”, advierte.

Por su parte, atendiendo un derecho de petición, la Secretaría de Salud ha dicho que, el tratamiento adecuado para reducir los índices de muerte por paro extra hospitalario, es “el entrenamiento de la comunidad en la identificación del paro cardiorrespiratorio y la utilización de los desfibriladores a través de la capacitación. (Y con) la implementación de desfibriladores como política pública con la participación de asociaciones público-privada (APP) que han mostrado ser seguros y efectivos en sitios que técnicamente se definan entre la secretaría Distrital de Salud y las asociaciones científicas expertas en el tema”. No obstante, hoy, no tiene un presupuesto específico asignado a esta solución.

Tomado de: http://bit.ly/1drRimm